A partir de la sanción de la Ley 25.673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se reconoció a la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y se convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos no intencionales, promover la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, asegurar el acceso a información y a métodos anticonceptivos.
Durante el encuentro se resaltaron algunos resultados de la política pública en salud sexual y reproductiva como el descenso en un 40% de las muertes maternas, la ampliación a 1437 centros de salud y hospitales públicos que garantizan actualmente las interrupciones del embarazo bajo la normativa de la ley nacional 27.610 y por último, el impacto del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en el descenso de la tasa de fecundidad adolescente.
También fue una oportunidad para repasar algunos hitos de estos 20 años de política pública, surgida en un contexto de crisis económica, política y social y que es sostenida a lo largo de este periodo, con una clara decisión de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la sociedad, por parte del Estado.
En ese sentido, la directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destacó los avances de nuestro país en el aseguramiento de insumos para el acceso y atención de calidad de las interrupciones del embarazo, a través de la producción pública de misoprostol y la producción nacional de mifepristona, recientemente aprobada por la ANMAT, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Finalmente, se destacó la necesidad de continuar articulando con las diferentes organizaciones para seguir fortaleciendo la política pública sanitaria en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos.
