Tres ejes para una reforma del Sistema de Salud

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, puso la discusión sobre el tema entre los principales titulares de los medios nacionales. La necesidad de reformar el sistema de salud en la Argentina es innegable, aunque el camino no tiene por qué ser barajar y dar de nuevo. Se trata de utilizar una serie de herramientas que ya existen y direccionarlas en la búsqueda de buenos resultados. Por Martín Baccaro – médico, ex presidente de COSSPRA, consultor.

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La persistencia de la pandemia hace que el debate sobre cuál es el mejor Sistema de Salud siga en el centro de la escena. El desafío al que están siendo sometidos los Sistemas de todo el mundo pone en evidencia que no son los más adecuados para los tiempos actuales, por no decir -lisa y llanamente- que han fracasado.

Antes de la pandemia existían consensos acerca del diagnóstico: nuestro sistema es fragmentado, inequitativo, con alto gasto de bolsillo; tiene un presupuesto o gasto per cápita que parece suficiente, pero con malos resultados sanitarios. Esto es notorio en la Argentina, donde en los últimos 20 años no se mejoraron indicadores en comparación con los avances concretados en la región y el mundo.

Además, no existen consensos sobre qué rumbo debería tomar una reforma. Son múltiples los intereses contrapuestos, por lo que es difícil imaginar que pueda surgir algo superador que satisfaga los intereses de la población.

En este contexto, el sentido común indicaría que la orientación y lineamientos básicos de una reforma deberían indicarse y ejecutarse desde el sector político, es decir por los representantes del conjunto de la sociedad elegidos democráticamente. Aunque también es cierto que el programa en sí, la “bajada a tierra” de los lineamientos, debe ser elaborado por los expertos en políticas sanitarias y sistemas de salud. Además, atento a los intereses que se pondrían en tensión con la reforma, resulta imprescindible estar alertas, no ceder ante presiones o reclamos que solo buscan proteger pequeñas parcelas de mezquindad. Máxime teniendo en cuenta que –muchas veces- son precisamente algunos de esos intereses sectoriales los que, lejos de contribuir al debate para mejorar el sistema, se aferran a lo ya establecido y son parte del problema.

Por eso, como decíamos, deberían ser las políticas del gobierno nacional las que fijen la reforma del sistema de salud federal, velando por los intereses de la población. Sin embargo, esta idea genera resistencia entre los “expertos”.  Una de las trabas más importantes es la no delegación por parte de las provincias en materia de salud. Ello haría necesaria una reforma constitucional o 24 reformas provinciales sumadas a la nacional.

Un camino a seguir

El Estado Nacional puede elegir otro camino e ir por la eficiencia de la actual fragmentación. Son resortes que maneja la Nación, ya que tiene poder de policía sobre obras sociales y prepagas, PAMI, programas nacionales como INCLUIR, ex NACER, y otros -actuales o futuros- que se financian con fondos nacionales.

En tal sentido, comprar en conjunto y administrar eficientemente seguramente mejorará los resultados económicos y, quizás, los sanitarios. Pero solo alcanzará a menos de la mitad de la población, ya que las personas bajo políticas provinciales de salud (obras sociales provinciales y ministerios de salud provinciales) no serían beneficiarias de las mejoras obtenidas.

Aunque existe otra posibilidad, algo que nuestra constitución permite y posibilitaría disminuir la inequidad.

Tengamos en cuenta que el Estado argentino se compromete a respetar y garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. El artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna atribuye al Congreso Nacional la facultad de aprobar dichos instrumentos y concede jerarquía constitucional a algunos de ellos. Por su parte, el inciso 23 obliga al Congreso Nacional a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen estos derechos.

Así, el parlamento debe legislar marcos regulatorios de contenidos mínimos que aseguren a todos los habitantes de la nación iguales derechos (*).

Tres ideas

En Argentina -y en la región- el derecho a la salud ha tenido una construcción jurisprudencial a partir de la incorporación constitucional de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De esa manera, cuando un habitante de cualquier provincia inicia una acción de amparo a fin de acceder a una prestación de salud que le fue denegada, el Estado Nacional siempre será demandado en forma subsidiaria. Esto quiere decir que si ese amparo se inició contra una obra social, una empresa de medicina prepaga o un Estado Provincial, si algunos de estos demandados no responde, deberá hacerlo el Estado Nacional debido a su rol de garante.

Entonces, sancionar leyes nacionales de presupuestos mínimos en materia de derechos humanos, de carácter obligatorio en todo el territorio nacional sin necesidad de la adhesión de las provincias, de ninguna manera supone un menoscabo en las atribuciones de estas últimas. Por el contrario, implica un ejercicio coordinado y cooperativo entre las distintas jurisdicciones que contribuye a asegurar un federalismo moderno y vital, el que seguramente redundará en una mejora institucional que beneficiará a todos los habitantes del suelo argentino.

Es por ello que una reforma en salud podría avanzar en:

-Ley de garantías mínimas en Salud

  • Canasta de prestaciones mínimas
  • Norma de habilitación con condiciones mínimas
  • Condiciones mínimas de evaluación de calidad y seguridad de paciente

-Agencia de evaluación de tecnologías

-Seguro o Fondo Nacional para compras de alto precio

Estos puntos, impulsados por el gobierno nacional con el acompañamiento -en especial en el tercer ítem- de las provincias, ya que se verían beneficiadas.

(*) Fuente: Informe del Observatorio de Derechos Humanos. “En ese contexto, el 10 de diciembre de 2013 (Día Internacional de los Derechos Humanos), coincidiendo con los 30 años del advenimiento de la democracia, en el ámbito del Senado de la Nación se creó el Observatorio de Derechos Humanos para asistir a los legisladores. Con ese fin, el observatorio está encargado de relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan monitorear el cumplimiento de la legislación referida a los Derechos Humanos”.