El Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) fue convocado, por la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a exponer en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la situación particular de las Obras Sociales Provinciales (OSP) respecto al costo de los medicamentos, su impacto sobre el sistema de seguridad social y la manera de establecer una política alternativa para lograr el control de los precios.
Del encuentro participaron el secretario general del COSSPRA y presidente de IOSPER (Entre Ríos), Fernando Cañete, y su par tucumano, Fernando Avellaneda. Los acompañaron Daniel Roldán, asesor de OSPTDF -OSP de Tierra del Fuego- y Victor Urbani, asesor de IOSPER. Por Diputados estaban presentes Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y Liliana Mazure, presidenta de la Comisión de Comercio. También fueron parte del encuentro Ginés González García, rector honorario de ISalud, y representantes del ANMAT.
“Partiendo de la base de que el medicamento es un bien social, lo que se debatió por parte de las autoridades de la Comisión de Salud es de qué manera se establecen la estrategias para controlar los precios de los medicamentos”, manifestó Fernando Cañete.
Las Obras Sociales Provinciales administran el seguro médico de 7.200.000 afiliados y se estima que el 30% del gasto prestacional mensual se destina a medicamentos. “Esto preocupa”, afirmó Cañete, “porque el medicamento es lo que puede producir el déficit o el superávit, de acuerdo con la facturación mensual de medicamento”.
El secretario del Consejo señaló que las OSP nucleadas en COSSPRA “somos obras sociales pobres que tenemos que cubrir, en este caso, medicamentos de altísimo costo. Y también que no somos parte de ese reintegro que hace el esquema nacional”. El presidente de IOSPER amplió el concepto señalando que son consideradas “pobres” dentro del sistema de seguridad social nacional, en relación al resto del sistema. Esto se debe a que los recursos provienen de los sueldos estatales, sean provinciales o municipales, que difieren, en gran medida, del sector privado.
En este sentido, el incremento que ha tenido el precio de los medicamentos impacta directamente en las economías de las obras sociales provinciales. Un estudio realizado por IOSPER, que comprende todo 2016 hasta abril de 2017, demostró que los medicamentos oncológicos, para artritis reumatoidea y trasplante, aumentaron un 43%; y los destinados a esclerosis múltiple, hepatitis y hemofilia, un 50%. Además, la medicación para enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, es importada y su precio es en dólares.
Por otra parte, se habló sobre la judicialización del sistema de salud; la necesidad de seguir trabajando en la Agencia Nacional de Tecnologías; y la urgencia de dejar sin efecto el decreto 150/92 que permite el ingreso al país de todos los medicamentos aprobados por la FDA o por países europeos para su comercialización.
Por último, “se planteó la importancia de establecer una ayuda nacional para las Obras Sociales Provinciales”, dijo Cañéte. Y remarcó: “Quedamos con una comunicación abierta con la Comisión de Salud, en pos de seguir trabajando y ver de qué manera continuamos aportando desde nuestra realidad y vivencia cotidiana”.
